Hoy se han hecho los alegatos en la corte de apelaciones de concepción respecto de la apelación que realizara el fiscal antimapuche Andrés Cruz a la decisión del juez de garantía de Cañete John Landeros de excluir del juicio a los 37 testigos sin rostro que supuestamente tiene la parte querellante para inculpar a la veintena de hermanos mapuche que están imputados por hechos ocurridos en el marco de la resistencia a la ocupación chilena y transnacional al País Mapuche, en la zona del lago lleu lleu.

Mientras el fiscal antimapuche continua insistiendo en la patraña de las supuestas amenazas a los testigos protegidos y sobre esa farsa justificar la mantención de dichos testigos, algunos de ellos han aparecido en medios de comunicación desmintiendo tales amenazas y sindicando a la policía y al propio fiscal como autores de agresiones, amenazas y torturas para hacerlos firmar declaraciones que hasta la fecha no saben de que versan, esas declaraciones creadas muchas de ellas con posterioridad a la detención de los imputados son la única prueba para mantener en la cárcel y en huelga de hambre a varios de ellos.

La defensa por su lado ha alegado entre otras la existencia de un desorden absoluto en cuanto a las declaraciones de los testigos y principalmente el hecho de que el numero de declaraciones y la cantidad de testigos sin rostro que declara tener el ministerio publico no coinciden. En definitiva se trata de al menos 20 testigos de los cuales a la fecha la defensa no tiene ningún antecedente de su identificación ni de lo que declararían en el juicio. Estamos en la practica ante una especie de” cupos disponibles” para introducir fuera de plazo testimonios o pruebas que aun no existen.

Si esta actuación del señor Andrés Cruz como responsable del ministerio publico en el proceso no es racista y antimapuche, de que se trata entonces. Y es que en definitiva la acusación en contra de los comuneros y el encarcelamiento de muchos de ellos se sostiene solo como una ostentación del poder que tiene un sector de la sociedad chilena (una clase en términos marxistas) que es la dueña de las empresas forestales, mineras, energéticas, del comercio etc. Dueña también de los consorcios controladores de los medios de comunicación, así como la misma que tiene el control los poderes del estado. En Wallmapu y los sectores fronterizos ese sector de los chilenos es la clase antimapuche.

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